En un duro comunicado, el Colegio de Abogados de Tucumán repudió las leyes que hoy sancionó la Legislatura de Tucumán que actualizaron los códigos Procesal Civil y Comercial (CPCyCP) y Procesal Penal (CPPT). Con la firma de su presidente Rodolfo Gilli, de la del vicepresidente Martín Lucio Terán y del pleno de los vocales, se aseveró que “las leyes sancionadas afectan gravemente los derechos de los ciudadanos, creando una grave inseguridad e incertidumbre jurídica desde que momento en que los principales operadores del Derecho no participaron del proceso de creación, opinión y control de constitucionalidad de las mismas”.

El comunicado comienza diciendo que el Colegio “objeta y repudia la práctica adoptada por la Honorable Legislatura para la creación y sanción de los proyectos de ley ingresados en su seno bajo los expedientes n 158-PL23 y n 159-PL23 los que ingresaron el día 15/09/23, obtuvieron dictamen de comisión el día lunes 18/09/23 y fueron sancionados el 20/09/23 colocando a esta Institución en un incumplimiento forzado, por imposibilidad material, de la obligación legal de participar en el proceso de elaboración de normas atinentes al debido funcionamiento de la Administración de Justicia”. “Resulta insoslayable señalar - agregaron. que la envergadura y las repercusiones sociales y profesionales de las iniciativas sancionadas hubieran requerido abrir un período de consulta sobre las políticas relativas al servicio de Justicia, en el cual participen este Colegio de Abogados, el Colegio de Abogados del Sur, la Asociación de Magistrados de la provincia y la Academia a través de las autoridades de las Universidades de Tucumán (UNT, UNSTA, USPT, Siglo XXI) para que en un tiempo razonable manifiesten su opinión, resultando absolutamente contradictorias las públicas declaraciones del legislador Raúl Ferrazano a tenor del exiguo plazo transcurrido desde el ingreso de los proyectos hasta la aprobación y su sanción”.

Dos puntos de los tratados por la Legislatura fueron los más controversiales de la sesión: la eliminación de los juzgados de primera instancia del fuero contencioso administrativo -aún vacantes, pero concursados- y la creación de una sobretasa para la realización de estudios genéticos por causas de filiación en los laboratorios de la Justicia provincial. Ferrazano afirmó “del diálogo interinstitucional” con miembros del Poder Judicial, había surgido “la inquietud de que adecuamos al fuero contencioso administrativo”. El legislador del PJ recordó que la Legislatura “hace muchos años” había creado los juzgados de primera instancia en este ámbito, pero “nunca han sido puestos en funcionamiento”. “A esta altura, justamente de este diálogo constructivo entre los poderes del Estado, surge que resulta innecesario el mantenimiento (de estos despachos)”, añadió. Las leyes recibieron críticas de sectores de la oposición que consideraron que se debía volver a comisión para un análisis más profundo, pero esto fue rechazado por el oficialismo.

Los miembros del Colegio de Abogados afirmaron: “los ejes centrales de la reforma atentan contra el ejercicio profesional de los Abogados y poco ofrecen a los ciudadanos!. “El desafío es la modificación de las estructuras del sistema para poder adaptarlo a los tiempos que corren. Esos cambios no deben ser el resultado de imposiciones que dejen de lado la vigencia de principios y garantías establecidos en nuestra Constitución Nacional y normas dictadas en su consecuencia, sancionándose normas que se encuentran en franca contradicción con la constitucionalidad vigente”, finalizaron.

Según se supo, la controversia es mayor sobre todo por el caso de quienes habían concursado por los cargos para los juzgados de primera instancia contencioso administrativo, y de los cuales el CAM ya había elevado ternas para las coberturas. Al quedar sin efecto esos juzgados, los concursos ya no tienen razón de ser.  No se descarta que los cambios votados en la Legislatura sean judicializados.